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Prácticas en el ámbito fiscal

De 25minresearch

Diversos indicios y actuaciones recientes han reavivado el debate sobre la existencia de prácticas sistemáticas de corrupción dentro del aparato fiscal del Estado español. Las denuncias apuntan a una estructura paralela de poder que actuaría mediante coacción institucional, chantaje económico y abuso de autoridad, en especial desde ciertos órganos administrativos con poder sancionador.

La verdad es que el sistema de multas, faltas, fiscalización y posición predominante por parte de las administraciones (local, autonómica o estatal) son un mecanismo paralelo a la administración de Justicia, donde si se pretenden observar las garantías legales en el encausamiento: presunción de inocencia, derecho a la defensa, presentación de pruebas, valoración por parte de expertos, igualdad en la posición de administración y administrado, etc. Los métodos de la Agencia Tributaria en concreto presentan mucho más control y más presión que otras administraciones. Una explicación cómica es el vídeo siguiente que, aunque en inglés, nos muestra que a la AT sólo le valen sus datos, pero espera a que los ciudadanos hagan el IRPF y además que acierten en sus cálculos (por lo menos por exceso, porque una declaración por defecto también les hace saltar las alarmas): Why Arabs hate taxes.

En España han sido conocidos casos de deportistas que se encaran a las decisiones de Hacienda mediante procesos largos y costosos (futbolistas, tenistas, esquiadores) o recientemente creadores de contenido que deciden exiliarse fiscalemente a Andorra, Portugal o Chipre (y que reciben campañas de acoso mediático, con publicidad institucional incluída), pero no todos los administrados poseen la misma capacidad económica, resitencia psicológica y prestigio para aguantarlo.

Instituciones con prácticas coercitivas

Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC)

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), órgano de máxima autoridad administrativa en la resolución de litigios fiscales, ha estado en el centro de una controversia por la actuación de su presidente, José Antonio Marco, quien también ocupaba un alto cargo en el Ministerio de Hacienda.

Se ha denunciado que, tras actuaciones iniciadas por inspectores de Hacienda contra empresas, terceras personas ajenas al procedimiento oficial contactaban con los afectados para ofrecer "soluciones" a cambio de pagos indebidos. Este tipo de conductas podría configurarse como una red de extorsión, utilizando recursos del Estado para generar un problema fiscal que luego se "resuelve" mediante el pago de sobornos.

Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria ha sido objeto de críticas tanto internas como externas por su actitud coercitiva frente a los contribuyentes. En España, el procedimiento fiscal obliga al sancionado a pagar por adelantado, incluso antes de agotar las vías de recurso, lo que otorga al poder fiscal un control desproporcionado. Este modelo con dinámicas de coacción institucional ha derivado en demandas internacionales, como las impulsadas por bufetes estadounidenses que consideran estas prácticas abusivas y contrarias al Estado de derecho.

El caso ha tenido repercusión parlamentaria. Se ha cuestionado la idoneidad de mantener en funciones a responsables que, según las acusaciones, habrían beneficiado a determinadas empresas a cambio de pagos, generando un profundo descrédito institucional. Incluso partidos tradicionalmente alineados con la administración como el PP han solicitado explicaciones formales al gobierno.

Ayuntamientos

Tampoco las administraciones más pequeñas y supuestamente cercanas al ciudadano se abstienen de prácticas mafiosas, como pueda ser el pleitear las reclamaciones de los contribuyentes ante liquidaciones fiscales incorrectas o ilegales. Valga el reciente ejemplo del Ayuntamiento de Zizur Mayor, en Navarra, que ha obligado a un contribuyente a pelear en los tribunales durante una década unas liquidaciones por el Impuesto sobre el INCREMENTO del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) que, al menos durante los últimos ocho años, iban a ser previsiblemente declaradas inconstitucionales. Todo ello independientemente de qué alcalde o partido dominase la Corporación Municipal.

Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional, la más alta instancia que comprueba que las normas y prácticas legales se atengan a los principios constitucionales, no está exento de polémicas fiscales. Pese a los recurrentes votos particulares en contra de algunos de los ponentes, las sentencias impiden reclamar o revisar aquellas liquidaciones de impuestos que, basadas en normas declaradas inconstitucionales, y por lo tanto ilegales, no sigan siendo objeto de disputa en el momento de emitirse dicha sentencia. Según el propio tribunal, toma esta postura “por exigencias del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE)”, obviando que no pueden ser legales las consecuencias de un precepto ilegal, y castigando particularmente a los administrados que no tengan la fortaleza y los recursos económicos para pleitear durante años.

Esta práctica, heredada de la legalidad durante la dictadura, salvaguarda la posición de las administraciones tributarias y las incentiva a que recurran sin fin cualquier reclamación de un contribuyente, hasta que a este le cueste más dinero y esfuerzo reclamar justicia que avenirse a una exigencia ilegal, en una suerte de chantaje tributario. Vemos ejemplos de esta práctica en los votos particulares de las Sentencias del Tribunal Constitucional sobre el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en relación con determinadas obras en la Comunidad Autónoma de Canarias, sobre el reforma del impuesto de sociedades, respecto al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en territorio común, en Guipúzcoa, y en Navarra con anterioridad, o sobre los recargos e intereses sobre liquidaciones de impuestos que no pueden ser discutidos por el contribuyente.

Comparaciones con estructuras mafiosas

El esquema descrito presenta fuertes similitudes con métodos empleados por organizaciones criminales tradicionales, como la mafia napolitana o la mafia de Chicago: primero se genera una amenaza desde el poder, y luego se ofrece una solución a cambio de dinero. Esta estructura reproduce un patrón de de coacción, coerción y extorsión sistemática, aprovechando la autoridad del Estado para lucrarse.

Las consecuencias de estas prácticas trascienden lo meramente jurídico y expanden su impacto al ámbito económico y social. Empresas sometidas a estas presiones ven comprometida su viabilidad financiera, lo que afecta directamente al empleo y al tejido productivo nacional. En muchos casos, los pagos ilegales no sólo representan una carga económica adicional, sino que introducen un riesgo permanente de colapso empresarial.

Destino de los ingresos estatales

Tipos de ingresos: redistribuídos o finalistas

En el ámbito fiscal se distinguen dos tipos de ingresos.

El caso de las vías de transporte

Conclusiones y otras narrativas

La acumulación de denuncias, las similitudes estructurales con modelos mafiosos y la inacción institucional sostenida han llevado a plantear si el problema va más allá de casos aislados y se trata, en realidad, de una forma sistémica de corrupción estructural. La dicotomía entre democracia y mafia podría ser insuficiente para describir la magnitud del problema. Se plantea así la necesidad urgente de una reforma profunda, acompañada de transparencia, rendición de cuentas y sanciones efectivas contra quienes se valen del poder público para beneficio personal o político.

Todo esto contrasta con la narrativa oficial de que los impuestos son necesarios y progresivos. El afán predatorio y recaudatorio del Estado, acrecentado con el gobierno socialista, y especialmente con los trabajadores por cuenta propia, autónomos y profesiones liberales, lastra la economía. Por otra parte, cuando se analiza junto el añadido habitual de la retórica de que los impuestos se destinan al cuarteto del bienestar (hospitales, pensiones, escuelas y carreteras), podemos comprobar por una parte el desvío de ese dinero proveniente de impuestos, por otra el uso espúreo para fines que nada tienen que ver con la política social y por último la incapacidad de alcanzar otras necesidades ciudadanas frente a las que el Estado está supuestamente destinado a actuar (volcán de La Palma, riada de Valencia, apagón, enfermos de ELA).

Fuentes

Otras páginas

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